Las etiquetas B y C, en el punto de mira

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No hay vuelta atrás: antes de que lleguemos al 2023, los municipios españoles con más de 50.000 habitantes, así como los de más de 20.000 habitantes pero que superen los valores límite de emisiones contaminantes, estarán obligados a disponer de una Zona de Bajas Emisiones. Serán más de 150 municipios los que se verán afectados por esta nueva norma que, no obstante, ya conocíamos desde hace unos meses atrás, desde la llegada de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

Sin embargo, ahora el Gobierno, a través de su Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, ha dado un paso más y ha abierto el período de información pública del proyecto de Real Decreto que terminará regulando las Zonas de Bajas Emisiones. ¿Qué quiere decir esto? “Ante la cercanía de la fecha límite para el establecimiento de las ZBE, resulta oportuno el desarrollo de una norma específica que concrete el mandato genérico, que establezca los requisitos mínimos que deben cumplir dichas ZBE y que aporte seguridad jurídica”, dice el texto publicado por el Gobierno.

Hasta el 13 de mayo de 2022 se podrán presentar alegaciones al respecto de esta ley, que no tiene otro objetivo sin más que el de facilitar la participación pública en el procedimiento de elaboración de las leyes.

El Gobierno quiere establecer una Ley que, por una parte, sirva como base homogénea para todo el territorio nacional y, por otra, establezca los requisitos mínimos que deben cumplir los diferentes proyectos de Zonas de Bajas Emisiones. Los objetivos están bien definidos: “mejorar la calidad del aire y del medio ambiente sonoro, mitigar el cambio climático e impulsar el cambio modal hacia modos de transporte más sostenibles”.

Como sabrás, Madrid y Barcelona ya cuentan con sus propias ZBE y, en estas, se ha puesto el foco inicial en los vehículos más contaminantes, es decir, en aquellos de la categoría A, los que no tienen derecho a etiqueta medioambiental, para ir progresivamente restringiendo también la circulación de vehículos con etiqueta B con el paso de los años.

Sin embargo, sorprende que el texto del Gobierno ponga la diana también, de forma tan temprana, en los vehículos con la etiqueta C, la de color verde. “Las prohibiciones o restricciones de acceso afectarán prioritariamente a los vehículos con más potencial contaminante, como son los vehículos A, y, progresivamente, a los vehículos B y C”. Para que te hagas una idea, el texto público establece también una jerarquía por modos de transporte que deberán tener en cuenta todas las ciudades a la hora de diseñar sus propias ZBE. De mayor a menor prioridad: peatón, bicicleta, transporte público, vehículos con alta ocupación y movilidad compartida y, en último lugar, los vehículos particulares.

Entre las novedades que abarca este texto de información pública sobre el Real Decreto que determine cómo deberán ser las ZBE, se habla también de la obligación de actualizarse cada 4 años como máximo, con el fin de “adaptarse a las nuevas restricciones”; Madrid y Barcelona, por ejemplo, tendrán un período máximo de 4 años para poder adaptarse a las nuevas normas que imponga la nueva Ley. Recuerda también que la nueva Ley de Tráfico estableció una multa homogénea de 200 euros para los que incumplan con las restricciones de las ZBE, aunque será potestad de cada ayuntamiento el imponer la cuantía que consideren necesaria.