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Gracias al nuevo Real Decreto-Ley 7/2021, que ya ha entrado en vigor, todos los coches que se compren de segunda mano a partir del pasado 1 de enero de 2022 pueden acogerse a una mayor garantía que antes. Esta normativa transpone en realidad las directivas que exigía la Unión Europea en materia de defensa de los consumidores al adquirir productos de segunda mano.
Es una cuestión importante pues actualmente, por cada coche nuevo que se vende en el mercado se realizan hasta tres operaciones de segunda mano y coches de ocasión, tanto a nivel de empresas como entre particulares.
Hasta ahora, la normativa solo exigía un período de 6 meses para reclamaciones por averías tras la compra de un vehículo usado. Pues bien, desde ahora, este período de garantía se amplía en la compra en hasta 12 meses siempre y cuando en el contrato no especifique lo contrario.
En la compra directa a concesionarios, la garantía se amplía hasta los 2 años, bajo las mismas condiciones mencionadas, debiendo no especificar lo contrario en el contrato firmado, y debiendo ser también siempre, como mínimo, de 1 año. Por lo tanto, si tras la compra, el vehículo presenta una avería o fallo en los siguientes 12 meses, y este posible defecto no venía reflejado y firmado en el contrato de compraventa, el vendedor está ya obligado a costear la reparación completa.
Lo que se pretende con la nueva normativa es controlar la venta de vehículos con vicios ocultos. La nueva Ley de Garantía considera que estos defectos no conocidos por el comprador (averías, fallos o defectos) que se le ocultaron en el momento de la compra no lleven a un desamparo legal. En teoría, lo mencionado: salvo que se especifique lo contrario en el contrato, el derecho del comprador en concesionarios será de 2 años y en el caso de compra a particular de 1 año.
Este cambio de ley supone que si antes era el comprador el que debía demostrar que una avería se había producido como consecuencia de un defecto anterior, algo que es en muchas ocasiones prácticamente imposible de demostrar, ahora es al revés: el vendedor es el que debe hacerse cargo de cualquier avería en ese tiempo, siempre que no esté reflejado el posible defecto en el contrato de compraventa.
Esta normativa incluiría desde averías en baterías, amortiguadores, frenos, motor, y cualquier elemento prácticamente del vehículo. Eso sí, la nueva ley también tiene un aspecto negativo, según han comenzado a denunciar muchas asociaciones del sector y de defensa de los usuarios: los precios de los vehículos de segunda mano y de ocasión ya se están incrementando entre un 10% y un 20%, para poder hacer frente a estas posibles reparaciones posteriores.
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