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La contaminación que producen los vehículos causa graves enfermedades al respirarlo. Eso ha llevado a la Fiscalía de Medio Ambiente a proponer un castigo, por vía penal, a los conductores de coches altamente contaminantes cuando se decreten restricciones de tráfico por los altos niveles de contaminación en Madrid.
El 9 de enero de 2020, el fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher Noguera, envió una carta al alcalde del Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida, para proponerle que organizara "patrullas policiales de control del tráfico" para actuar contra los conductores propietarios de vehículos altamente contaminantes por la vía penal que no respetaran las medidas de restricción de tráfico durante un episodio de alta contaminación.
Una medida muy dura que el alcalde de Madrid decidió rechazar y aparcar las sanciones penales. El objetivo en ese momento era claro: intentar fomentar, la prevención y la renovación de la flota automovilística, antes de recurrir a la aplicación del derecho penal. Aun así, el alcalde se comprometió a reflexionar sobre la propuesta y aseguró estar dispuesto a sentarse con la Fiscalía para trazar una estrategia eficaz y definir el procedimiento a aplicar.
Esta medida de Vercher realmente no es nueva ya que la ofertó al proyecto de Madrid Central de Manuela Carmena durante su mandato para “los supuestos más graves de contaminación” pero, según lamentó el propio Vercher durante la Cumbre del Clima celebrado en diciembre de 2019 en Madrid, “no llegó a la Fiscalía ni una sola denuncia”.
Así que, en esta ocasión, además de proponer “patrullas policiales de control del tráfico” durante los momentos en los que se den picos de contaminación, ha ofrecido a los agentes del Seprona adjuntos a su departamento para ejercer dichas tareas de control y recuerda también al equipo de Martínez-Almeida que desde el mandato de Carmena existe un agente de la Policía Local de Madrid que ejerce las labores de coordinación entre el Ayuntamiento y la Fiscalía de Medio Ambiente. Esto “permitiría la recepción rápida de los atestados” en la sede del ministerio público para que se iniciase el procedimiento penal si se considera oportuno.
El Fiscal Vercher Noguera se muestra imparable e implacable en su “lucha” por paliar los efectos nocivos de la contaminación provocada por ciertos vehículos, pero matiza que la vía penal debe reservarse especialmente para “aspectos tales como los humos provocados, los defectos en el motor que se traduzcan en una mayor emisión contaminante, la ausencia de las correspondientes ITV...” por la cantidad de vehículos que circulan sin la inspección en regla. Dentro de esta línea de trabajo, desde Mutua se ha puesto en marcha el proyecto de EcoMutua precisamente con el objetivo de mantener informados a todos los asegurados sobre las últimas novedades de circulación en la capital.
La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo se ha ido ganando con estas acciones y preocupaciones, el respeto de la sociedad desde que se creara en 2006 debido a la especulación urbanística y, desde entonces, ha llevado a los tribunales delitos que quedaban casi siempre impunes. Solo en 2017 se dictaron 1.187 sentencias condenatorias de las que 155 lo son por delitos contra el medioambiente. En todo el territorio español hay un total de 173 fiscales de medioambiente y Antonio Vercher Noguera es el Fiscal Coordinador.
Por otro lado, cada vez hay más ciudadanos preocupados por la salud ambiental y firmas como la navarra Kunak ha desarrollado una serie de dispositivos para identificar la calidad del aire en tiempo real.
Vercher es consciente de que queda un recorrido por hacer hasta que toda la sociedad ponga al mismo nivel un delito ambiental y otro contra la integridad física o la salud de las personas. En una entrevista publicada en el Boletín de Ingenieros Forestales, el Fiscal aseguraba que: “Tenemos la ratio más alta de condenas de toda Europa, algo que ha ido creciendo año a año. Pero aún hay grandes sectores de la sociedad que no terminan de entender que algunas actuaciones sean delito. La problemática con la temática ambiental es que, a diferencia del resto de delitos, el efecto suele dilatarse muchas veces en el tiempo. La sociedad no acaba de ver la relación de causalidad entre el hecho delictivo y sus efectos. Es cierto que preocupan cada vez más a un importante sector social, pero hay otro sector que cree que esto no va con ellos”.
En opinión de Vercher, el artículo 325 del Código Penal, que recoge los delitos contra el medio ambiente, sería aplicable en estos casos en virtud de una interpretación más amplia para atajar un problema con una “muy negativa incidencia en la salud pública”, señala en su escrito.
Esta contaminación, por las repercusiones negativas que tiene sobre la salud de los ciudadanos, ya le costó en julio de 2019 una denuncia a España por parte de la Comisión Europea (CE) al incumplir los límites de emisiones fijados en las directrices europeas. Y, en lo que va de año, Madrid ya ha activado una vez el escenario 1 de protocolo anticontaminación por la alta concentración de Dióxido de Nitrógeno (NO2) que mantuvo durante los días l8 y 9 de enero, la velocidad a 70km por hora en la M-30 y vías de acceso en el interior de la M-40.
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